La expedición del Decreto 0159 de 2026 volvió a poner al Gobierno contra la pared. El incremento del 23% del salario mínimo no solo reconfigura el panorama económico, también abrió un frente jurídico que podría terminar nuevamente en el despacho del alto tribunal.
La discusión no gira únicamente alrededor de cifras. El centro del debate es si el Ejecutivo respetó la orden del Consejo de Estado, que exigía aplicar todos los criterios técnicos previstos en la Ley 278 de 1996 para fijar el nuevo monto.
Las claves del pulso jurídico
El Gobierno estructuró el 23% en dos componentes: 13,6% derivado de inflación y productividad —los parámetros tradicionales— y un 9,4% adicional como “cierre parcial de brecha del salario vital”.
Desde la Mesa de Redacción de EsferaDigital.news, hemos analizado que el punto crítico no es el 13,6%, sino ese 9,4% adicional. Para algunos juristas, ese porcentaje introduce un criterio que no está expresamente contemplado en la ley.
El abogado Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, sostiene que el presidente Gustavo Petro habría incurrido en un desacato material. A su juicio, se aceptó formalmente la orden judicial, pero se alteró el resultado final con un componente adicional.
También cuestiona la cifra inicial de 23,7%, que terminó traduciéndose en un aumento efectivo del 23%, generando dudas sobre la consistencia matemática del decreto.
El papel de la OIT en la controversia
El Ejecutivo defendió su postura apoyándose en criterios atribuidos a la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, estos lineamientos no son vinculantes en Colombia.
Según el análisis jurídico, la OIT calcula el salario vital con base en hogares de cuatro personas y dos ingresos. El Gobierno habría utilizado un modelo distinto —tres personas y un solo ingreso— lo que modificaría sustancialmente el resultado.
Para algunos expertos, incluso aplicando estándares internacionales, el salario debería ubicarse alrededor de $1.550.000, una cifra inferior a la proyectada bajo la tesis oficial.
Los tres escenarios que marcarán precedente
El país enfrenta una situación inédita: nunca antes se había suspendido un decreto de salario mínimo ni se había ordenado fijar una nueva cifra bajo parámetros específicos.
La abogada Ana María Valdivieso, de la firma Serrano Martínez CMA, plantea tres posibles caminos:
Nulidad del decreto, si se determina que el “salario vital” no está contemplado en el artículo 8 de la ley.
Aval total, si el tribunal considera que el Ejecutivo complementó legítimamente los criterios técnicos con fundamentos constitucionales.
Aval parcial, opción expuesta por Diego Acevedo, también de Holland & Knight, que implicaría ajustar el porcentaje al 13,6% o a un rango intermedio.
Lo que decida el Consejo de Estado no solo resolverá esta controversia. Sentará reglas claras sobre cómo deberán decretarse futuros incrementos salariales.
¿Quieres ver esta cobertura en tu pantalla grande? Sigue el minuto a minuto en la App de StreamForce 360. Disponible para Samsung TV, Roku, Amazon Fire TV y dispositivos móviles.
👉 DESCARGA O ABRE LA APP AQUÍ: https://linkin.bio/streamforce360apps/
Por: Mesa de Redacción EsferaDigital.news
REGISTRO DE AUTORÍA GLOBAL
Cobertura informativa desarrollada por Esfera Digital. Su uso requiere atribución a la Red StreamForce 360.
