La Paz Total: ¿Un candado constitucional para De la Espriella?

El exfiscal Eduardo Montealegre advierte que la política de paz de Petro no es reversible por decreto, desafiando la promesa de mano dura del presidente electo.

El dilema del «Tigre»: ¿Continuidad o ruptura?

Colombia se encuentra ante una encrucijada jurídica de proporciones históricas. Mientras Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el poder el próximo 7 de agosto bajo la promesa de una «Seguridad Democrática 2.0», el establecimiento legal y en particular figuras como el exfiscal Eduardo Montealegre ha trazado una línea roja que podría frenar en seco sus ambiciones. Según Montealegre, la ‘Paz Total’, lejos de ser una bandera volátil de un gobierno saliente, ha mutado en una política de Estado blindada por la Constitución y por protocolos internacionales de obligado cumplimiento.

#6AMW | El exfiscal Eduardo Montealegre afirmó en 6AM W de Caracol Radio, quien afirmó que la política de paz total, al haber sido adoptada como una política de Estado y no únicamente de un gobierno, no puede ser desmontada de manera unilateral por el presidente electo, pues… pic.twitter.com/PrGDiuSogU

— Caracol Radio (@CaracolRadio) June 26, 2026

El argumento es contundente: el presidente electo, por mucho que su victoria le otorgue un mandato de cambio, no posee las facultades para desmontar mediante un simple decreto procesos de negociación que ya cuentan con salvaguardas legales. Esta tesis, planteada con vehemencia en los micrófonos de la opinión pública, coloca a De la Espriella en una posición compleja. Si el mandatario electo decide romper unilateralmente los diálogos, no solo se enfrentaría a una crisis de legitimidad internacional, sino a un tsunami de demandas de inconstitucionalidad que paralizarían su administración desde el primer día.

El candado constitucional y la paz como derecho

No se trata solo de política, sino de jurisprudencia. La Constitución de 1991 elevó la paz al rango de derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Para Montealegre, esta arquitectura normativa impide que cualquier Ejecutivo, por muy popular que sea, ignore la obligación de privilegiar las salidas negociadas al conflicto armado. Este enfoque jurídico nos obliga a repensar el alcance real de la victoria electoral de «El Tigre». ¿Es el mandato popular suficiente para ignorar mandatos constitucionales consolidados?

La transición hacia la administración de De la Espriella revela una tensión profunda entre el presidencialismo fuerte típico de la tradición caudillista colombiana y los contrapesos institucionales construidos durante décadas. Si bien el nuevo gobierno tiene la prerrogativa de definir su estrategia frente a organizaciones criminales que aún no han sido llamadas a la mesa de diálogo, los grupos que ya operan bajo protocolos nacionales e internacionales gozan de un «escudo» jurídico que el nuevo gobierno no puede simplemente ignorar sin incurrir en graves responsabilidades internacionales.

El fantasma del sometimiento y el legado de Petro

La sombra de los debates sobre la ley de sometimiento todavía oscurece la salida del gobierno Petro. Las acusaciones sobre contactos irregulares entre la Inteligencia Nacional y grupos criminales han sido, en palabras de Montealegre, un tema de debate académico y normativo, no de componendas oscuras. Sin embargo, este es el terreno pantanoso que hereda el nuevo gobierno: un marco legal que, aunque ambicioso en sus fines de justicia transicional, es visto por la oposición como una permisividad inaceptable hacia quienes han sembrado el terror.

La prospectiva para los próximos cuatro años es clara: asistiremos a una batalla de interpretaciones legales. Mientras el Ejecutivo buscará utilizar la fuerza pública para imponer orden, la Corte Constitucional y sectores del estamento judicial servirán como árbitros de una disputa donde la paz ya no es una opción, sino una restricción operativa para cualquier presidente. El éxito o fracaso de De la Espriella dependerá de su capacidad para reconciliar su discurso de mano dura con una realidad jurídica que le impide, por decreto, volver a los tiempos de la confrontación total sin cortapisas.

¿Hacia dónde vamos?

Estamos entrando en una era de «judicialización de la guerra». Cada decisión que tome el nuevo Ministerio de Defensa o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz será escrutada bajo el lente de los protocolos de paz. De la Espriella no puede simplemente borrar el tablero. Su única vía de maniobra real es el desarrollo de una política de sometimiento que, a diferencia de la ‘Paz Total’, sea capaz de obtener el consenso de un Congreso heterogéneo y la validación de una rama judicial que ha demostrado ser un actor con agenda propia. La paz, en Colombia, se ha convertido en una variable fija del sistema; el nuevo gobierno no puede cambiarla, pero sí deberá aprender a navegarla si quiere evitar que su administración se ahogue en la inconstitucionalidad desde la primera jornada. La pregunta final permanece abierta: ¿está el nuevo gobierno dispuesto a jugar con las reglas de un juego que prometió desmantelar?

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