Blindaje democrático: El llamado ante la sombra del fraude

Ante un clima de polarización extrema, 52 organizaciones de la sociedad civil exigen a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda reconocer los resultados del balotaje del 21 de junio sin dilaciones.

La arquitectura de la desconfianza: Un peligro inminente

La democracia colombiana, ese edificio construido sobre los cimientos de la Constitución de 1991, atraviesa su hora más crítica. A pocos días del balotaje presidencial, el aire político en el país no se respira como una fiesta democrática, sino como una antesala de la confrontación. Por primera vez en décadas, no es solo la diferencia entre los proyectos de Abelardo de la Espriella y el Pacto Histórico de Iván Cepeda lo que preocupa a los analistas, sino la erosión deliberada de la confianza en el sistema electoral mismo. La sombra del fraude, esa herramienta clásica de la retórica populista, ha sido invocada para sembrar dudas que, hoy, la academia y la sociedad civil se han unido para desmantelar.

El llamado de 52 organizaciones entre las que destacan pilares como la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Transparencia por Colombia es una respuesta directa a una narrativa de manipulación que carece de asidero en la realidad técnica. No estamos ante una opinión política, sino ante una defensa de la infraestructura institucional. Cuando entidades de la talla de la Procuraduría, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo se ven obligadas a emitir llamados insistentes a la calma, la señal es inequívoca: el sistema está bajo asedio, no por fallas técnicas, sino por una voluntad política de deslegitimación.

La precisión del conteo

Para desvirtuar las teorías conspirativas, la coalición de centros de pensamiento y gremios académicos ha puesto sobre la mesa una verdad matemática que la polarización intenta ocultar. Los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo arrojaron una coincidencia pasmosa del 99,94% entre el preconteo aquel que se anuncia en la noche de la elección y el escrutinio oficial. Esta cifra no es un accidente estadístico; es una muestra de robustez institucional que se ha mantenido constante, comparable a los registros de 2022, donde la brecha fue apenas del 0,1%.

¿Cómo es posible, entonces, que la narrativa del fraude gane tracción? La respuesta yace en la desinformación diseñada. El sistema electoral colombiano, lejos de ser una «caja negra» digital, está blindado por procesos analógicos que son el blanco principal de los ataques: el tarjetón físico, el jurado de votación sorteado al azar y los formularios E-14 llenados a mano frente a testigos de todas las vertientes políticas. Estas salvaguardas, diseñadas precisamente para evitar que una falla centralizada pueda alterar el resultado, son hoy desestimadas por quienes prefieren el caos de la duda al veredicto de las urnas. Es imperativo recordar que problemas estructurales históricos, como el trasteo de votos o el constreñimiento al elector en zonas de conflicto, deben ser combatidos en la justicia, no utilizados como un arma de destrucción masiva contra la legitimidad del conteo nacional.

El compromiso que exige la historia

La exigencia de este frente amplio es clara: coherencia y responsabilidad. La historia política de América Latina está llena de episodios donde el desconocimiento de los resultados electorales, sin pruebas fehacientes, fue la mecha de crisis sociales profundas y autoritarismos innecesarios. El compromiso público que se solicita a De la Espriella y a Cepeda no es un favor a sus oponentes, es un servicio a la nación.

El 21 de junio no termina la política, pero sí define la supervivencia de las reglas de juego que nos permiten discrepar sin destruirnos. Si los candidatos deciden ignorar esta exhortación y se refugian en la victimización del fraude, el país se enfrentará a una ingobernabilidad de facto. La democracia no es solo el acto de votar; es, sobre todo, el acto de aceptar el resultado cuando la voluntad popular se expresa en las urnas. La sociedad civil, liderada por académicos, defensores de derechos humanos y observadores internacionales, ha dejado claro que estará allí, fiscalizando, documentando y defendiendo la verdad técnica. Ahora, la pelota está en el campo de los aspirantes al solio presidencial: ¿serán estadistas que respetan las instituciones, o agitadores que las sacrifican por un puñado de votos? El 21 de junio la historia tomará nota de sus palabras.

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