Uribe a indagatoria: El juicio que sacude la recta final

A 72 horas de las urnas, la Fiscalía llama a Álvaro Uribe Vélez a indagatoria por crímenes de lesa humanidad. Un «suplicio» judicial que une, por primera vez, los episodios más sombríos de su era en la Gobernación.

El cerco judicial se cierra en la antesala del poder

La justicia no entiende de calendarios electorales, aunque la política sí lo haga. En un movimiento que ha paralizado el debate nacional a tres días de la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación ha notificado formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez el llamado a indagatoria. La lista de cargos es pesada: homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir. No estamos ante un proceso aislado, sino ante la consolidación de una narrativa judicial que persigue al exmandatario por décadas: su supuesta responsabilidad por acción u omisión en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), y en el magnicidio del abogado de derechos humanos Jesús María Valle.

De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”

A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026

Para Uribe, este proceso es una emboscada temporal. «A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones», sentenció en sus redes sociales, dejando entrever su convicción de que la maquinaria judicial busca alterar el equilibrio de la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Sin embargo, para las víctimas, representadas por juristas como Miguel Ángel del Río, este llamado no es un suplicio, sino un triunfo agridulce que llega tarde, pero que busca, al fin, poner nombre y apellido a la arquitectura del terror que se gestó en Antioquia durante su gobernación.

El punto cero de una sospecha regional

El hilo conductor de esta investigación es una propiedad: la hacienda Guacharacas. El predio, que perteneció a la familia Uribe Vélez, ha dejado de ser un simple activo rural para convertirse en el epicentro de la sospecha sobre el nacimiento del Bloque Metro de las AUC. Las declaraciones de excomandantes paramilitares como Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, han señalado durante años que los terrenos de la finca fueron la cuna de una retaliación paramilitar que buscaba «limpiar» la región de guerrillas, tras el asesinato del padre del expresidente, Alberto Uribe Sierra, en 1983.

Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad.

Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa… https://t.co/P774Bxk202

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

Uribe ha mantenido una defensa férrea: la venta del predio ocurrió mucho antes de que la estructura paramilitar se consolidara. No obstante, la Fiscalía busca hoy demostrar que la hacienda fue mucho más que un refugio familiar; fue, presuntamente, el centro de operaciones donde se financiaron los grupos que luego sembrarían el horror en Ituango. La unificación de estos expedientes en un solo hilo conductor es una apuesta judicial sin precedentes, que busca probar que la violencia paramilitar en el Norte de Antioquia no fue un fenómeno espontáneo, sino una estrategia regional articulada bajo el conocimiento o la inacción calculada del poder departamental.

El abogado que denunció el abismo

Si existe un nombre que encarna la ética frente a la barbarie, es Jesús María Valle Jaramillo. Su asesinato, el 27 de febrero de 1998, no fue un homicidio común; fue la ejecución de una conciencia crítica. Valle, desde su despacho en el Edificio Colón, había denunciado la convivencia entre la Cuarta Brigada del Ejército y las estructuras paramilitares mucho antes de que el país supiera de qué hablaban los informes de DD. HH. Su muerte, ejecutada por la banda «La Terraza» bajo órdenes de Carlos Castaño, fue el punto final para un hombre que se atrevió a interpelar al poder en una época donde hacerlo equivalía a una sentencia de muerte.

Hoy, la Fiscalía conecta este magnicidio con las masacres de El Aro y La Granja, sugiriendo que Valle fue silenciado porque sabía demasiado sobre la supuesta inactividad deliberada de las autoridades. La anécdota del «helicóptero amarillo» que sobrevoló El Aro mientras la población era torturada es la cicatriz que la justicia intenta cerrar. ¿Hubo omisión? ¿Hubo complicidad? Álvaro Uribe defiende que un Gobernador no tenía mando operativo sobre las fuerzas militares, pero la justicia busca entender si, más allá del mando, hubo una omisión de deber constitucional que permitió que el horror ocurriera frente a los ojos del Estado.

¿El ocaso del fuero o una oportunidad histórica?

El llamado de Gustavo Petro a que Uribe comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) añade una capa de surrealismo político a este momento. Si bien los expresidentes gozan de fuero constitucional y no están obligados a someterse a la JEP, la oferta de «verdad para Colombia» pone al líder del Centro Democrático en una posición incómoda: o se refugia en su fuero, lo que puede interpretarse como un intento de ocultamiento, o asume el riesgo de una exposición histórica que podría cambiar el rumbo de su legado.

Independientemente de quién gane este domingo, la sombra del juicio a Uribe es ahora un activo político. El país está a punto de decidir si su futuro se construye sobre el reconocimiento pleno de la verdad, o si prefiere seguir atrapado en un ciclo donde la justicia se siente, a partes iguales, como un arma de combate y un acto de redención. Estamos ante una encrucijada donde el pasado de Colombia, tan vivo y sangriento como siempre, se niega a quedar enterrado bajo el peso de la política electoral. Uribe irá a la indagatoria, pero quien realmente está siendo juzgado es el sistema democrático colombiano y su capacidad de lidiar con sus propios fantasmas.

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