Colombia plantea impuesto de renta a iglesias: qué significa para locales y migrantes
El Gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso una reforma tributaria que, por primera vez, propone gravar con impuesto de renta las actividades comerciales de las iglesias en Colombia. La iniciativa busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026 y afecta tanto a ciudadanos locales como a migrantes latinos en el exterior, quienes mantienen vínculos económicos y familiares con el país.
El proyecto de ley, radicado oficialmente el 1 de septiembre, establece que las iglesias deberán tributar por ingresos comerciales, mientras que las actividades estrictamente religiosas permanecerán exentas. Según la DIAN, los ingresos de las iglesias ascendieron a $8,06 billones al cierre de 2023, y su patrimonio estimado alcanza los $19 billones, alrededor del 2% del PIB colombiano. Actualmente, el Ministerio del Interior tiene registradas cerca de 8.000 iglesias que quedarían sujetas a esta obligación tributaria.
Impacto en migrantes y locales
Para los migrantes colombianos, la reforma puede afectar a familiares que dependen de donaciones, colegios o negocios vinculados a iglesias. Localmente, se espera que la tributación se concentre en actividades comerciales de estas instituciones, sin afectar cultos o servicios religiosos, protegiendo sectores vulnerables según el Gobierno.
Detalles clave
Radicación del proyecto: 1 de septiembre
Recaudación estimada: $26,3 billones para PGN 2026
Ministerio de Hacienda: Germán Ávila
Objetivo: financiar el Estado y garantizar estabilidad macroeconómica
Precedentes: Decreto 0572 de mayo de 2025
Senadora Lorena Ríos: “El Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias, desconociendo su aporte social y naturaleza no mercantil. Daré la batalla para evitar impuestos improcedentes e inconstitucionales.”
Ministro Germán Ávila: “Buscamos que el esfuerzo tributario esté en los perfiles altos de ingresos, sin afectar a estratos bajos y medios.”
Según Esfera Digital, la medida abre un debate histórico sobre la tributación de entidades religiosas, con implicaciones para locales y migrantes que mantienen nexos económicos con Colombia.
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