Coca-Cola y concesión de agua en La Calera: un debate que inquieta a migrantes y locales
En La Calera, Cundinamarca, la disputa por el uso de manantiales desde 1983 enfrenta a la multinacional Coca-Cola, a comunidades locales y a autoridades ambientales. El reciente informe técnico de la CAR advierte irregularidades en la concesión, mientras líderes sociales y migrantes colombianos en el exterior siguen atentos a un conflicto que refleja las tensiones entre desarrollo, recursos naturales y derechos humanos.
El permiso otorgado hace más de cuatro décadas permite a la planta de Coca-Cola embotellar agua de manantiales en La Calera. Sin embargo, un documento de la CAR en 2023 señaló inconsistencias entre los reportes de la empresa y el consumo real. La situación se agudizó en 2024, cuando el municipio vivió racionamientos de agua pese a que la embotelladora continuaba operando.
La congresista María del Mar Pizarro denunció que algunos manantiales habrían sido cubiertos con cemento. Coca-Cola respondió asegurando que solo instaló tapas de protección, negando cualquier irregularidad.
Esto fue lo que le hizo Coca-Cola a nuestros manantiales, los recubrieron con CEMENTO. Todo esto con la vista gorda de la @CAR_Cundi que permitió la captación de agua con un concesión irregular. pic.twitter.com/Xrr10hfdIV
— Mar Pizarro (@delmarpizarro) September 17, 2025
Para los habitantes de La Calera, la prioridad es garantizar agua potable. Pero el caso también toca fibras de la diáspora colombiana y de migrantes latinos, que ven en esta polémica un espejo de problemas comunes: acceso desigual al agua, disputas con multinacionales y preocupación por el futuro ambiental de sus comunidades de origen.
Muchos migrantes comparten la noticia en redes y la comparan con situaciones similares en México, Puerto Rico y Estados Unidos, donde las corporaciones y los gobiernos discuten la distribución de recursos básicos.
Concesión: vigente desde 1983, actualmente en estudio de ampliación.
Informe CAR 2023: reporta datos inconsistentes sobre volúmenes de agua.
Multinacional: niega haber cometido infracciones y asegura cumplir con la ley.
Denuncia ciudadana: comunidades afirman que “hay agua para la multinacional, pero no para el pueblo”.
Costo anual: Coca-Cola paga 11 millones de pesos por la concesión, valor definido por autoridades locales.
“Nos preocupa que los informes oficiales digan una cosa y la realidad otra”, expresó Pizarro en entrevista radial.
Según datos revisados por EsferaDigital.News, el problema central no solo radica en la concesión, sino en la falta de infraestructura de acueducto para La Calera. Este ángulo muestra cómo decisiones estatales y privadas impactan en el día a día de la población.
El desenlace de este caso marcará un precedente para futuras concesiones hídricas en Colombia y la región. Migrantes y locales coinciden en que el agua debe priorizarse como derecho humano, no solo como recurso económico.
La Calera vive una tensión que trasciende fronteras: una disputa por agua que une la voz de campesinos, ambientalistas y migrantes en un mismo clamor. La decisión de la CAR será clave para definir si prevalece el interés social o el empresarial.
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