Gobierno Petro retira proyecto contra plataformas de movilidad en medio de críticas por populismo electoral

El Gobierno de Gustavo Petro retiró anoche del Congreso el polémico proyecto contra plataformas de movilidad, luego de un fuerte rechazo ciudadano, gremial y político. La iniciativa, que ponía en jaque a servicios como Uber, Didi o Cabify, fue suspendida oficialmente para “ajustes al articulado”, aunque el trasfondo revela una estrategia con claros tintes electorales.

La decisión se produce en la recta final del mandato y se suma a una serie de medidas de alto impacto mediático que buscan incidir en la percepción de bienestar de los hogares colombianos, en plena antesala del nuevo ciclo electoral.

La controversia estalló alrededor del Proyecto de Ley 347 de 2026, impulsado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte. El texto proponía un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra las plataformas digitales de movilidad, afectando no solo a conductores, sino también a usuarios y terceros.

Tras horas de presión pública y un escándalo nacional en redes sociales, el Ejecutivo decidió retirar temporalmente la iniciativa.

El proyecto no solo tocaba un sector económico, sino el sustento de alrededor de 1,2 millones de personas que dependen total o parcialmente de estas aplicaciones. Para muchos colombianos, las plataformas digitales representan una alternativa de ingresos ante la informalidad y el desempleo.

Además, la iniciativa generó alarma por su impacto en las libertades económicas y en el acceso a la tecnología.

• Inmovilización de vehículos: hasta 120 días por reincidencia.

• Multas a usuarios: $4,7 millones por viaje.

• Sanciones a conjuntos residenciales: hasta $726,6 millones.

• Prohibición a funcionarios y congresistas de opinar a favor de estas plataformas.

José Daniel López, presidente de Alianza In, calificó la propuesta como un intento de “aniquilar” el modelo digital, contradiciendo sentencias de la Corte Suprema que reconocen el derecho a beneficiarse de los avances tecnológicos.

Más que una política de regulación, el proyecto reflejó una lógica de gestos populares de corto plazo. El retiro exprés de la iniciativa dejó al descubierto improvisación y ausencia de sustento técnico, justo cuando el Gobierno enfrenta alertas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y del Banco de la República.

Este episodio se suma a otras decisiones recientes:

• Aumento del 23,7 % del salario mínimo

• Reducción de $500 en el precio del galón de gasolina

• Eliminación mediática de la prima de congresistas

• Incremento del bono pensional

Todas con alto impacto comunicacional, pero con efectos fiscales diferidos.

Aunque el Gobierno insiste en que el proyecto será “ajustado”, el mensaje político ya está lanzado. Analistas advierten que el costo real de estas decisiones no se sentirá antes de las elecciones, sino en la administración que asumirá en agosto.

El riesgo, según expertos, es dejar una bomba fiscal activada mientras se construye un relato de bienestar inmediato.

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