Sandra Ortiz rompe el silencio: «¿Cuál es el miedo a que se sepa la verdad?»

A esta hora, desde su reclusión en la guarnición militar de Carabineros en Bogotá, la exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz, ha lanzado un desafío directo al corazón del sistema judicial y al Gobierno Nacional. En una audiencia virtual que ha sacudido los cimientos del caso UNGRD, la otrora mujer de confianza de Gustavo Petro cuestionó la «igualdad de armas» en un proceso donde asegura estar ciega frente a las pruebas. Con más de 500 días privada de la libertad y un juicio que parece estancado en la burocracia, Ortiz advirtió: «Tarde o temprano todo se va a saber».

#ATENCIÓN | La defensa de Sandra Ortiz acaba de solicitar a la juez quinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que le otorgue la libertad por vencimiento de términos.

El abogado defensor señaló que se han superado los plazos que exige la ley para que… pic.twitter.com/Fs24LGftsH

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 8, 2026

El dato técnico que la Fiscalía intenta contener, y que su abogado Mauricio Camacho expuso con precisión quirúrgica, es el vencimiento de términos. Según la defensa, el Estado disponía de 240 días para iniciar el juicio tras la radicación de la acusación el pasado 24 de enero de 2025. Al haber superado este plazo sin que el juicio arranque, Ortiz reclama su libertad inmediata, denunciando que se le ha negado el acceso a más de 100.000 archivos esenciales para controvertir la tesis del ente acusador.

Los 3.000 millones que persiguen a la exconsejera

La Fiscalía no da tregua. La acusación contra Ortiz la sitúa como la «mensajera» de un soborno millonario: el transporte de 3.000 millones de pesos en efectivo, presuntamente movilizados en vehículos oficiales, destinados al expresidente del Senado, Iván Name. El objetivo de este movimiento, derivado del oscuro contrato de los carrotanques en La Guajira, era aceitar la maquinaria legislativa para aprobar las reformas del Gobierno. Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, pero su defensa alega que sin ver las pruebas, la condena es un sacrificio sin justificación.

¿Justicia garantista o estrategia de desgaste?

Desde la Red StreamForce 360, analizamos que el reclamo de «igualdad de armas» de Ortiz no es solo una estrategia de defensa, sino una denuncia sobre la gestión de la prueba digital en Colombia. Enfrentarse a cientos de carpetas y miles de archivos sin acceso técnico es, en la práctica, una condena anticipada. La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué la Fiscalía se opondría a entregar el material probatorio si su tesis es tan sólida como afirma?

Aquí es donde todo cambia: La jueza Quinta de Control de Garantías ha suspendido la audiencia hasta el próximo 16 de abril. Esos días serán vitales para que la defensa intente forzar el acceso a los servidores de la UNGRD y para que la opinión pública determine si estamos ante un proceso de transparencia o ante una purga política con tintes judiciales.

Del círculo de hierro al calabozo militar

Sandra Ortiz no es cualquier investigada; fue la sombra de Petro en las regiones. Verla hoy reclamando derechos procesales básicos desde una guarnición militar refleja la fragilidad del poder en la actual administración. «Nací en un país garantista», recordó, en un claro mensaje a quienes hoy ocupan su lugar en el Palacio de Nariño. Su promesa de contar «la verdad» a las víctimas de La Guajira pone presión sobre otros implicados que aún no han sido llamados a estrado.

El eco en Boyacá y La Guajira

• Boyacá: Su bastión político observa con cautela; el impacto de su caída ha reconfigurado las alianzas verdes en el departamento.

• La Guajira: Las víctimas directas del saqueo de la UNGRD exigen que la «verdad» de Ortiz incluya el paradero real de los recursos de los carrotanques.

• Soberanía Informativa: Vigilamos que la duplicidad de términos por justicia especializada no se convierta en una cadena perpetua de facto sin sentencia.

El escenario del 16 de abril

Si la jueza acepta el conteo de días de la defensa, Ortiz podría recuperar su libertad por vencimiento de términos la próxima semana. De lo contrario, el proceso entrará en una fase de confrontación total donde la exfuncionaria parece dispuesta a «incendiar» la estantería del régimen con las revelaciones que prometió.

¿Por qué Sandra Ortiz pide libertad por vencimiento de términos?

Su defensa alega que han pasado más de 240 días desde la acusación sin que inicie el juicio, superando los plazos del Código de Procedimiento Penal. Además, Ortiz denuncia una violación al derecho de defensa al no poder acceder a más de 100.000 archivos de prueba en el caso de corrupción de la UNGRD, donde se le acusa de entregar 3.000 millones de pesos a Iván Name.

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