UNP bajo la lupa: El polémico decreto de Petro antes de irse

En medio del proceso de empalme, un decreto de última hora que flexibiliza los requisitos para ser Oficial de Protección en la UNP ha desatado alarmas en el equipo del presidente electo Abelardo De la Espriella.

La sombra del Decreto 0670

Cuando los procesos de transición de gobierno deberían enfocarse en la rendición de cuentas y la entrega organizada del poder, en Colombia ha surgido una grieta institucional que amenaza con redefinir la seguridad del Estado. El pasado 26 de junio, la administración saliente del presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0670, un movimiento administrativo que, bajo el argumento de «simplificar» y «no discriminar», ha dejado la puerta abierta para que los estándares técnicos y académicos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) se desplomen.

El documento es claro en su intención de eliminar la exigencia de formación académica formal para quienes aspiren a ser Oficiales de Protección. La justificación oficial sugiere que el rigor académico «puede limitar la vinculación» de ciertos perfiles operativos. Sin embargo, para los analistas de seguridad y para el equipo del presidente electo Abelardo De la Espriella, lo que se presenta como una medida de equidad oculta un riesgo estratégico de proporciones monumentales. Si el personal que custodia a los actores de gobierno incluyendo al propio jefe de Estado no requiere un mínimo de competencia comprobable, ¿quién garantiza que la seguridad no quede en manos de personas sin la capacidad necesaria?

Restrepo enciende las alarmas

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, no ha guardado silencio. Durante las jornadas de empalme en la Casa de Nariño, Restrepo puso el dedo en la llaga al cuestionar la contratación acelerada de más de 6.500 personas en la UNP bajo estas nuevas y laxas condiciones. Para Restrepo, este «revolcón» administrativo no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante de nombramientos de última hora y compromisos contractuales a largo plazo que parecen diseñados para hipotecar la capacidad de maniobra del próximo gobierno.

🆘🇨🇴MUY PREOCUPANTE , lo que informa el vicepresidente electo José Manuel Restrepo con respecto a lo encontrado en el Empalme Anticorrupción… Lo que está dejando el gobierno Petro es inquietante 👇 pic.twitter.com/8bx0xE0eVO

— Mónica Saade (@MonicaSaadeX) July 1, 2026

La preocupación del equipo entrante es genuina. La UNP es la columna vertebral de la protección no solo del Presidente, sino de líderes sociales, periodistas y funcionarios públicos en todo el territorio nacional. Si se altera el ADN de esta institución mediante la eliminación de los requisitos de formación, el Estado colombiano se arriesga a una degradación operativa inmediata. En un país donde la seguridad es, históricamente, el activo más volátil, entregar la custodia institucional a personal sin el respaldo de una hoja de vida técnica es, cuando menos, una irresponsabilidad política que merece una auditoría minuciosa.

Gobernar hasta el último día

La advertencia de Restrepo al ministro Ávila sobre la prudencia y la austeridad resuena en un contexto donde el empalme se ha transformado en un ejercicio de «verificación de realidades». No se trata simplemente de una entrega de carpetas; es una lucha contra el tiempo para evitar que la estructura del Estado sea desmantelada o atada mediante contratos que, por su extensión temporal, comprometen las finanzas y la visión del futuro gobierno de De la Espriella.

La práctica de «gobernar hasta el último día» está siendo cuestionada con rigor. Existe una diferencia abismal entre ejecutar el presupuesto y comprometer la integridad de instituciones estratégicas con nombramientos masivos bajo reglas ajustadas a la medida. El país observa con atención si la Contraloría y la Procuraduría intervendrán para revisar la legalidad y conveniencia de este decreto en el marco de una transición que se suponía democrática y transparente.

Un riesgo para la estabilidad

A futuro, este cambio en la UNP podría desencadenar una crisis de confianza entre la fuerza pública y el estamento de protección civil. Si los oficiales de protección pierden su carácter técnico, la coordinación con otras agencias de inteligencia y seguridad se verá mermada. La seguridad de un jefe de Estado no es un campo para improvisaciones ni para favores burocráticos.

El gobierno entrante tiene frente a sí una tarea titánica: no solo deberá auditar y, posiblemente, reversar estos cambios estructurales, sino que también deberá lidiar con la posible parálisis institucional derivada de los nombramientos masivos de última hora. La transparencia en este proceso no es un lujo, es una condición necesaria para evitar que la institucionalidad colombiana termine convertida en una caja de sorpresas para el nuevo mandatario. La era que comienza exige, por encima de todo, una limpieza de los procesos de acceso a las entidades misionales para devolverle a los colombianos la seguridad de que quienes portan la protección del Estado son los más capacitados, y no simplemente los más cercanos al poder saliente.

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